En nuestro sistema jurídico se supone que las normas son conocidas por todos. Sabemos que en realidad es difícil comprender lo que dice la ley. Al estar redactada en forma complicada, confusa, poco clara y con términos técnicos se transforma en una barrera para el acceso a la justicia. Esta es una de las razones por las que los ciudadanos no pueden ejercer sus derechos y obligaciones y quedan en situación de vulnerabilidad.

 El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se comprometió mediante el “Acuerdo por el Acceso a la Justicia”  a:

“… implementar políticas masivas de difusión de derechos y de las vías y mecanismos existentes para reclamar en caso de que éstos sean vulnerados, incluyendo por medios alternativos, comunitarios, campesinos e indígenas.”