“El Derecho se presume conocido por todos. Es la norma que todo abogado aprende y repite, una especie de ficción legal. Cuando hablamos entre operadores del Derecho nos entendemos, pero la gente no tiene conocimientos técnicos y entonces el lenguaje jurídico se vuelve un obstáculo para el cumplimiento de la ley”, dice Silvia Iacopetti, directora del Sistema Argentino de Información Jurídica e integrante del consejo directivo de la Red Argentina de Lenguaje Claro.
–¿A qué atribuye los problemas del lenguaje jurídico?
–Los lenguajes de especialidad son crípticos para quienes no pertenecen a la disciplina. El vocabulario técnico es lo que da precisión al discurso. En Derecho, por ejemplo, no es lo mismo rescindir que resolver, las palabras no están puestas al azar. Pero más allá de la terminología jurídica hay un uso del lenguaje que trata de establecer autoridad a través de cierta forma de escribir pretenciosa, arcaica. También como una manera de demostrar la pertenencia a un grupo: parece que un abogado que hable simple y claro no podría manejar la terminología, hay un empoderamiento de la profesión a partir de un lenguaje barroco. Son pautas culturales. Podemos escribir un texto muy preciso utilizando la terminología correcta, en lenguaje claro.
–¿Cuáles son los objetivos de la Red Argentina de Lenguaje Claro?
–Nosotros no somos productores de leyes o de sentencias como los jueces o los legisladores, entonces hicimos un servicio con el cual seleccionamos las leyes principales que atraviesan la vida ciudadana –comprar un auto, alquilar, comprar una casa, divorciarte– y las redactamos en forma de preguntas y respuestas en un lenguaje sencillo. Pero lo ideal es que los documentos primarios ya estén redactados en lenguaje claro sin necesidad de una adaptación posterior, que las leyes del Congreso y las sentencias de los jueces también sean claras. La idea de la red es sumar organismos de gobierno que se comprometan a gestionar un cambio en ese sentido, capacitar en lenguaje claro y producir conocimiento que pueda ser utilizado por otros. La administración pública es un gran generador de documentos jurídicos que no son leyes ni sentencias pero son actos de comunicación dirigidos a la gente. El objetivo es que las secretarías legales y técnicas de cada jurisdicción redacten sus normas en lenguaje claro, que el Estado hable claro.
–¿Qué recepción tiene la iniciativa?
–En algunos casos el lenguaje claro es muy resistido, tal vez porque no termina de entenderse bien el concepto. No queremos decir que viene a ocupar vacíos en las reglas del idioma. Para nada. Aparte de las reglas propias del idioma –si se cumplieran, aportarían a la claridad–, la técnica legislativa tiene formas que debe seguir una norma. Por ejemplo, cada artículo debe ser autónomo, es conveniente que haya títulos en los artículos para aclarar su alcance, la situación y su consecuencia deben estar bien descriptas. El lenguaje claro viene a complementar esas reglas. Hablar claro es una elección de estilo. Muchas leyes empiezan diciendo “instrúyese…”, lo que está bien desde el español y desde la técnica, porque performa una acción, pero desde el lenguaje claro diríamos “se instruye”, lo cambiaríamos de manera que fuera más directo. Muchas veces los jueces y los legisladores dicen que esas cuestiones ya están resueltas por el idioma y por los manuales de técnica legislativa. Pero siempre puede escribirse de manera más directa y más clara. Es una cuestión que llevará tiempo, pero empezamos. En algún momento, el Congreso tendrá una comisión, como en Suecia, que no permite que una ley se haga pública ni se sancione si no cumple con las reglas del lenguaje claro.