Cada año, Javier Herrera Bravo, abogado y docente universitario, repite el mismo ejercicio con sus alumnos de Derecho a la Información. Les pide que lleven leído a clase un fallo histórico y que anoten cada palabra que no entiendan de la sentencia. Se trata de “Ponzetti de Balbín contra Editorial Atlántida”, aquella famosa disputa por daños y perjuicios por las fotos del dirigente radical internado en terapia intensiva que publicó la revista Gente.
La idea es contagiar estas buenas prácticas a las facultades de Derecho, las defensorías, los juzgados y todos los lugares en que el ciudadano interactúa con el Estado. También, hacer buena letra como país para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), club de 36 países desarrollados al que pretende integrarse la Argentina, que exige buenas prácticas en materia de transparencia y accesibilidad.
Para los expertos, adoptar el lenguaje claro tiene consecuencias democráticas directas. “En la Argentina tenemos un sistema en el cual todo está permitido a menos que esté expresamente prohibido por una ley. Si vos no entendés una norma no sabés cuales son tus derechos ni tus obligaciones. Hay casos en los que la gente no entiende ni qué se dijo en el juicio”, explica Bravo, que recuerda la experiencia de muchos jueces. Es frecuente que cuando termina la lectura de una sentencia el imputado mire confundido al abogado y le pregunte: ´¿Ganamos?´, porque no entiende lo que se acaba de leer. “Es la vida de él en juego y el hombre se da cuenta de cómo va a cambiar por las caras de festejo o tristeza de la otra parte”, grafica.
Hay agentes de la Justicia que ya están intentando cambiar este paradigma. Como la jueza Lorena Tula del Moral, del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N°13 de la Ciudad de Buenos Aires, que se preocupó por el bajo cumplimiento de la probation (actividades que tiene que realizar el sospechado de un delito menor al que le se suspende el proceso judicial) y encontró la clave en hablar claro.
“Ella llamaba a la persona y le consultaba por qué no estaba cumpliendo la probation y muchas veces la respuesta era que no entendía qué tenía que hacer”, explica Silvia Iacopetti, Directora Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ). “Entonces por ejemplo, en vez de decir ‘Constitúyase en tal domicilio’, mejor decir ‘Tenés que ir a tal hora, a tal lugar, todas las semanas’. Al explicarle claro a la gente lo que tenía que hacer, la jueza subió enormemente el índice de cumplimiento de la probation”, cuenta.
Algo similar hizo un juez de familia de Mercedes, que dictó una sentencia escrita como para que la entendiera un menor, porque sus derechos eran el mismo objeto de la sentencia. “Todo esto tiene que ver con la obligación del Estado de hablar claro”, dice Iacopetti.
En el SAIJ que dirige, ya hay textos “traducidos” al lenguaje claro. Y en el sitio web Derecho Facil hay un apartado en el que se explican situaciones cotidianas vinculadas a la ley, desde viajar en taxi, alquilar un departamento o denunciar el robo de un celular. También la explicación sencilla de las principales leyes y decretos y un glosario de términos jurídicos.
Para Fernando Bernabé Rocca, Director General de Programas de Investigación y Capacitación del Senado, el lenguaje claro es una herramienta que viene muy bien para que todos los operadores de la Justicia, tengan el rol que tengan, piensen en el ciudadano. “Es el derecho del ciudadano a entender pero también la obligación del Estado de hacerse entender. El lenguaje claro tiene que ser accesible, comprensible y útil: que lo encuentres, que lo entiendas y te sirva, tan simple y tan difícil como eso”, explica. Desde su punto de vista, hablar claro hace también a la eficiencia.
Desde su punto de vista, hablar claro hace también a la eficiencia. “A mayor margen de interpretación, mayor litigiosidad. Si yo tengo más margen de interpretación de la norma, puedo reclamar más. ¿Cuánto le cuesta eso al Estado? Llega el juicio, hay pérdida de tiempo, hay costo social, económico y para el ciudadano”, define.
Martín Böhmer , Director Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil (RECASO) del Ministerio de Justicia, intenta leer de corrido un artículo de la Ley de Financiamiento Partidario y pronto se queda sin aire.
“Este mismo artículo, pasado a lenguaje claro, baja de 43 a 23 palabras”, cuenta. Como encargado del nexo con las facultades de Derecho del país, que comenzaron a reformar su enseñanza en el último tiempo, es quien se hará cargo de que el lenguaje claro sea uno de los contenidos de enseñanza de la carrera. “Los que salen de la facultad de Derecho son quienes tienen el monopolio de todo el Poder Judicial, por eso es muy importante trabajar ahí”, explica.
Otra gran usina de textos poco comprensibles es el Senado de la Nación. “A veces redactamos en un lenguaje encriptado, hermético, farragoso o demasiado extenso, que es la falla más común de nuestras leyes. Eso además del abuso de tecnicismos, latinazgos o gerundios. Muchas veces los artículos son poesías o aspiraciones de deseo, no normas taxativas que deberían ser precisas y concretas porque definen conductas. La ley dispone, prohíbe, permite o no permite y así debe redactarse”, explica Juan Pedro Tunessi, Secretario Parlamentario del Senado.
De su experiencia personal, recuerda cuando estaba colaborando en el armado de la Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y se le acercó un grupo de ancianos que le consultó: “Doctor, ¿nos podría explicar que no entendemos casi nada?”. “Obviamente hay cuestiones técnicas que no se pueden modificar en nuestras normas, pero el contenido general de una ley debería ser accesible, por lo menos, a los principales destinatarios”, dice.
En el Senado está a punto de implementarse una oficina de técnica parlamentaria en lenguaje claro, que va a tener como función emitir, por lo menos en los proyectos más relevantes, la adaptación de ese texto a su versión más sencilla. También se va a desarrollar una capacitación obligatoria en esta materia que se incorporará a los CVs de los trabajadores de la Justicia
El lenguaje claro es un puente entre la forma de hablar de la Justicia y la de los ciudadanos. También, entre la Argentina y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una suerte de club de países desarrollados -hoy integrado por 36 Estados- al que pretende ingresar nuestro país. Dos decretos presidenciales, uno de 2017 y otro de este año, siguiendo esta línea, introdujeron las “buenas prácticas en materia de simplificación”, y mencionaron por primera vez la necesidad del lenguaje claro y sencillo.
Una agenda regulatoria pública y conocida es parte del esfuerzo para acceder a la OCDE. “Toda la normativa tiene que estar en un solo lugar, accesible y atendible de manera clara para que todos la podamos entender”, explica Iacopetti.
“El lenguaje claro es parte de esta calidad regulatoria que califica al país en el mundo. Si vos cumplís con eso, sos un país que tiene previsibilidad jurídica, porque alguien puede ser de afuera y saber todo lo necesario sobre la normativa. El lenguaje claro es parte de esa accesibilidad: es que me lo ponés a disposición, pero aparte lo entiendo”, concluye.