El lenguaje jurídico atraviesa la vida cotidiana de todos. Está presente en los documentos que firmamos al inscribir a los chicos en la escuela, abrir una cuenta bancaria, suscribir un plan de ahorro o contratar un seguro. Sin embargo, la mayoría de los contratos que se firman diariamente no están redactados de manera que el consumidor logre comprenderlos. Y no se debe a los términos técnicos que necesariamente contienen sino a la manera en que se expresan.
Lo mismo sucede con las leyes y las sentencias. Se redactan en largos párrafos plagados de formalidades e información irrelevante que dificultan su comprensión. Los ciudadanos en general y las partes de un juicio en particular requieren de la traducción de un abogado para saber cuáles son los derechos que están en juego y en qué consiste la decisión del juez.
Es necesario entonces que los poderes públicos y las empresas hablen el mismo idioma que los ciudadanos e incorporen lenguaje claro a los productos que dirigen al público.
No nos referimos a un destinatario con dificultades de comprensión sino al ciudadano común, que para tomar decisiones necesita encontrar fácilmente la información y entenderla sin dificultad.
¿Cómo puede alguien tomar una decisión conveniente si no llega a comprender los formularios, contratos, demandas judiciales que le están proponiendo firmar? ¿Cómo puede entender los motivos por los que el juez lo condenó, si la sentencia está redactada en un lenguaje que le es extraño? ¿Qué tan justo puede ser un juicio por jurados, si el jurado no entiende la terminología que emplean jueces, fiscales y defensores?
Cuando los usuarios no comprenden el mensaje, siempre tienden a desconfiar del emisor. Por eso el lenguaje claro crea empatía y permite que el ciudadano comprenda cuáles son sus derechos y también sus obligaciones. El lenguaje claro construye ciudadanía. Hay ya una avanzada de gente (legisladores, jueces, abogados, funcionarios) y organizaciones públicas de todo el país hablando en lenguaje claro. Con el antecedente de países donde todas las comunicaciones y documentos se redactan en lenguaje accesible, incorporaron lingüistas y traductores y conformaron la Red Nacional de Lenguaje Claro, que aborda el lenguaje jurídico desde distintas disciplinas.
Durante el año pasado compartieron experiencias y saberes y formularon planes de acción para difundir este proyecto. El próximo paso es la incorporación de empresas privadas, como bancos o de telecomunicaciones.
Cuanto más claro sea el lenguaje, leyes y sentencias van a ser mejor aplicadas y entendidas, las compañías públicas y privadas que adapten sus contratos y formularios tendrán mayor aceptación y los ciudadanos sabrán con precisión qué se espera de ellos y de los demás. También redundará en la productividad y la economía de recursos de las organizaciones, porque la claridad promueve una disminución de la cantidad de juicios, de los pedidos de aclaración y de la reiteración de trámites frustrados.
Mónica Graiewski es Doctora en Derecho. Integrante de la Red Nacional de Lenguaje Claro.