Los ciudadanos, especialmente los consumidores, hemos ido tomando conciencia, de forma progresiva, de nuestros derechos y de lo que podemos esperar de las instituciones.
La exigencia de claridad en la comprensión de lo que se lee y se escucha aumenta decididamente, y, en parte y de forma añadida, se evidencia debido a la celeridad en las comunicaciones propiciada por internet y redes sociales en particular.
Con este artículo se pretende llamar la atención sobre un aspecto del ámbito jurídico, su comunicación clara, que consideramos ya imprescindible dentro del objetivo de conseguir, entre otras cuestiones y en general, comprensión para quien deba acatar las resoluciones que parten de las diferentes instituciones que tienen en el Derecho su instrumento principal de trabajo, y, en particular, una Justicia real y efectiva.
Argentina ha creado recientemente una red de lenguaje claro. Ahora Argentina, con la conjunción de los tres poderes -legislativo, ejecutivo y judicial-, llevará a cabo acciones de formación e implementación del lenguaje claro que tendrá una sobresaliente repercusión en la mejora de la calidad de la comunicación entre las instituciones y la ciudadanía.
En el contexto mundial, esto significa no solo que el país se pone al mismo nivel que otros muchos, muy avanzados en políticas públicas, sino que adelanta a otros, como España, que -aunque hace algunos años dio algunos pasos encaminados hacia la modernización del lenguaje jurídico- no llega a terminar de afrontar esta necesidad con decisión.